Diez propuestas para una plena institucionalización de la criminología mexicana

No existe relación consecuente entre el incremento de la violencia y el crimen y un mayor carácter —social e institucional— para encarar —de forma racional y planificada— dichas fatalidades. En México, como en muchos otros países del sur global a mayor crimen; violencia; corrupción e impunidad, menor el apoyo y reconocimiento (pleno y decidido) a la criminología y a otras disciplinas penales, que garantizan sustento empírico y reflexión crítica frente a problemas. El saber penal y criminológico es sustituido por: lógica castrense; gobierno performativo y sentido común […] Asimismo, es oportuno recordar la sentencia del maestro Quiróz Cuarón: “la criminología es ingrata”. Gramaticalmente, ingratitud es definida como: desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos (RAE) […] Así las cosas, el desarrollo criminológico nacional subsiste gracias al —excepcional y valioso esfuerzo— de sus promotores directos, convencidos de los beneficios que pudiese prestar dicho saber a la República. Los ejemplos son varios: Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRIM) bajo la atinada dirección del Dr. Luis Rodríguez Manzanera; intentos por institucionalizar la criminología en la vida universitaria: primero con el Rector y Presidente de la Academia de Ciencias Penales, Dr. Luis Garrido, y, después, el Rector Dr. Ignacio Chávez quien apoyó al Dr. Alfonso Quiróz Cuarón para instituir en dicha universidad las carreras de criminología y criminalística. Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en sus diversos programas. Finalmente, mencionar a la Academia Mexicana de Ciencias Penales y CRIMINALIA, hogar permanente de la criminología desde las décadas 1940 y 1930 respectivamente. En todos estos esmeros, el decidido apoyo del Dr. Sergio García Ramírez.

En dicho contexto, un futuro más estable y reconocimiento mayor de la criminología nacional radica en su institucionalización: como política pública y en las esferas: normativa; administrativa; social y científica. De igual forma, lograr su plena incorporación a la currícula universitaria (pública y privada). Al respecto expongo diez razones a favor de un mayor arraigo de la criminología mexicana:

(i) Considerando que el sistema penal y el saber en torno al mismo constituyen una construcción cultural, con el objetivo de garantizar —en un estado democrático y social de derecho— un mínimo de gobernabilidad que asegure estabilidad y paz social; la criminología tiene un reto complejo: convertirse en conocimiento empírico que sea referente para todos los actores institucionales y sociales, en los campos de referencia. Sólo de esta manera asegura subsistencia;

(ii) consecuente con la reflexión precedente, un cometido vertebral de la criminología es trabajar —de manera coordinada con otras ciencias penales— en una tarea (todavía inacabada) de armonizar la nutrida normatividad internacional —con la Constitución y leyes secundarias— en materia de derechos humanos y justicia penal. Llevar a cabo una interpretación hermenéutica acuciosa consecuente con nuestras realidades y necesidades como: seguridad humana; justicia punitiva y seguridad pública (reforma policial; procuración y administración de justicia; diversificación penal; prevención del delito y violencia; prisiones; justicia juvenil; y en el campo victimológico). También el fortalecimiento de actividades transversales: profesionalización; investigación; innovación; transferencia y divulgación de conocimiento. La armonización en comento debe contar con un sólido sustento empírico que sólo la criminología puede garantizarlo;

(iii) como decimos, es prioritario fortalecer la vinculación de la criminología con los derechos humanos. La criminología es un componente imprescindible en la construcción de: políticas, narrativas, normas, culturas y edificación de espacios éticos (regionales, comunitarios y de grupos) a favor de los derechos humanos; ya que la dinámica preventiva del crimen y de la violencia, como de justicia penal y diversificación punitiva, deben sincronizarse con nuevas demandas de prerrogativas resultantes de violencias y criminalidades emergentes.

Sin embargo, la complejidad nacional y mundial de hoy en día, exige a la criminología, contar con una nueva integración epistémica y un fortalecimiento institucional y social:

(iv) el acelerado crecimiento del conocimiento en torno a los derechos humanos y a la criminología —si tomamos en cuenta la profusa problemática que pretende atenderse por una maraña normativa cada vez más densa a escala nacional e internacional; además de considerar la actividad científica que ha generado nutridas posturas teóricas y perspectivas (fragmentadas y muchas veces irreconciliables entre sí), y, finalmente, una abultada agenda temática que no deja de crecer (reuniones de trabajo y eventos académicos diversos [híbridos y presenciales]) convocados por diversas instituciones (formales o informales) en todo el mundo, los organizadores de dichos saberes se encuentran totalmente rebasados en sus capacidades analíticas y en sus tareas de proponer soluciones coherentes y pragmáticas a los problemas;

(v) por lo dicho, es urgente, —por ejemplo— detener la desbocada y artificiosa “especialización”, que lejos de producir conocimiento efectivamente especialista, ha convertido a la criminología en conocimiento diluido, que hace perder su identidad como disciplina dominante. Es urgente ordenar prioridades y transformar teorías en acciones puntuales, útiles y prácticas. Para ello, debemos reagrupar todo el saber criminológico [hoy por hoy disperso, repetitivo, e ineficiente para proponer soluciones integrales] en torno a las siguientes tendencias unificadoras: realismo crítico y ultra criminología; criminología integrativa y traslativa; y criminología constitutiva y 3.0;

(vi) lo anterior permitirá —siguiendo la narrativa de Holzscheiter¹ (refiriéndose a la gobernanza de los derechos de niños y adolescentes), que, en lugar de pulverizar la criminología –contar con una política científica unificadora en la intersección entre: análisis teorético; experiencias institucionales; recepción del sistema por los actores; historia de los fenómenos y horizontes (político y social) donde operan instituciones e interacciones;

(vii) en cuanto a la relación criminología/derechos humanos, es necesario trasladar in situ: prevención del delito y de la violencia así como justicia restaurativa para construir —de manera conjunta— “espacios éticos” que garanticen —en la realidad de comunidades y grupos— los derechos humanos y el control (espacial y segmentado) del delito y la violencia. Finalmente, en cuanto a una nueva institucionalización es fundamental promover:

(viii) la incorporación de las ciencias penales como nuevo sector de gobierno; crear la Secretaría de Seguridad Pública y Política Criminal y fundar el Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales;

(ix) redimensionar el Instituto Nacional de Ciencias Penales, convirtiéndolo en el “Instituto de Seguridad Humana, Ciencias Penales y Política Criminal” con sede en la UNAM, y

(x) en caso de aprobarse la presente propuesta —con las modificaciones del caso—, sugiero que sea la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la instancia que presente el documento definitivo a la nueva administración de la UNAM y al próximo gobierno federal (2024-2030).

Notas

1. HOLZSCHEITER Anna, “Childs rights governance: an introduction”, Research Article, Sage Journals, Vol 26, Issue 3, 2019, [en línea], [fecha de consulta 28 de octubre de 2023]. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0907568219854518 ↩