La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los pendientes y los desafíos

El pasado domingo 1 de junio se llevaron a cabo las elecciones para elegir a las nuevas y nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Los resultados ya se han dado a conocer y, de acuerdo con el cómputo de votos, ya se sabe quiénes serán las nuevas y nuevos Ministros.

No es el propósito de este escrito analizar el éxito o fracaso de esta elección, pero sí comentar los desafíos que enfrentará la nueva Corte, como su legitimación, los grandes temas pendientes que dejará la actual integración, su rol de contrapeso al poder político, la nueva forma de sesionar o la celeridad para resolver los asuntos, entre otros aspectos.

Es indudable que la elección judicial generó posicionamientos de apoyo y críticas, pero nadie puede negar que también dentro de las personas electas se encuentran juristas con probada trayectoria profesional, ya sea en el ámbito académico, jurisdiccional o en el servicio público. Esta mezcla de experiencia puede ser en beneficio de la administración de justicia. Tradicionalmente la Corte no ha tenido una integración proveniente de la carrera judicial, pues su origen ha sido diverso. Esto, lejos de haber sido en demérito de la justicia, por el contrario, ha fortalecido la discusión y la doctrina jurisprudencial. Así mismo, diversos asuntos de relevancia jurídica fueron propuestos por Ministros que no tuvieron un origen en la carrera judicial.

Tres de las ministras recientemente electas ya integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, podemos conocer la forma en que van a resolver. Por lo que se refiere al resto de Ministros, deberemos esperar a conocer sus criterios. En una reciente entrevista, el Ministro Javier Laynez Potisek señaló que se propusieron dejar cero rezagos en los engroses,¹ incluyendo las tesis de jurisprudencia, además de haber puntualizado que existen 1228 asuntos pendientes por resolver (Pleno y Salas) y con los otros que ya no se turnaron suman 1331. Así mismo, que en el periodo de enero a mayo entre ambas Salas resolvieron 1310, mientras que en el Pleno resolvieron 222, es decir, una sumatoria total de 1532 asuntos².

Conforme a esa sumatoria, pareciera que no es tan grande el número de asuntos de los que habrán de conocer las nuevas Ministras y Ministros. Sin embargo, la mayoría serán nuevas y nuevos integrantes que ahora resolverán solamente en Pleno, por lo que el número de asuntos aumentará para cada ponencia y con la limitante del plazo para resolver —establecido en la reciente reforma constitucional—, esperemos que no se verifique una baja en la calidad de las sentencias.

Otro aspecto importante a resaltar tiene que ver con la posición que adoptarán respecto a temas de trascendencia nacional, como la prisión preventiva oficiosa, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisdicción indígena, el constitucionalismo local, entre otros. Sin duda que las nuevas y nuevos integrantes aportarán experiencia a alguno de esos temas, como es el caso de Hugo Aguilar Ortiz (en asuntos de jurisdicción indígena o pluralismo jurídico), y veremos la posición de los demás cuando se genere un conflicto de sistemas jurídicos en donde en el centro de dicho conflicto se involucren derechos humanos.

La reforma constitucional en materia judicial y a la ley de amparo también influirán en las decisiones que adopte la nueva Corte, aquí cabe preguntarse: ¿mantendrán un activismo judicial en pro de los derechos humanos o se regirán bajo reglas predeterminadas por dichas reformas? De los desafíos que enfrentarán pueden destacarse los siguientes:

1. Legitimarse no solamente ante la ciudadanía, sino también frente a la comunidad jurídica, sobre todo aquella que ha sido crítica a la reforma judicial (incluyendo la elección de las personas juzgadoras);

2. Resolución de asuntos en el plazo establecido en la Constitución Federal sin sacrificar la calidad de las mismas;

3. Una Corte más cercana a la ciudadanía, quizá mediante sesiones en los Estados;

4. Emisión de sentencias sin tantos formalismos;

5. Establecer el diálogo intercultural para un adecuado conocimiento de la jurisdicción indígena;

6. Maximización en la interpretación de los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con las restricciones derivadas de la Constitución Federal (p. ej. derechos humanos); y

7. Una Corte abierta al escrutinio público.

Finalmente, será importante conocer cómo será la relación que mantendrán con los demás poderes públicos, que sin duda debe ser de coordinación, considerando que tampoco pueden aislarse, so pena de una inobservancia al principio de autonomía e independencia judicial, puesto que en ello también descansa el principio de equilibrio de poderes y que en esta nueva integración tendrá un rol importante. Habrá que conceder el beneficio de la duda sobre la gestión que iniciarán.

Notas

1. Redacción y corrección final de la sentencia, posterior a la votación en Pleno o en Salas. ↩
2. Entrevista de radio del 6 de junio de 2025 ↩