Incremento en la utilización de la prisión preventiva

En siete años se han perdido los incipientes avances del sistema de justicia penal de corte acusatorio, en materia de aplicación más racional de la prisión preventiva. Se ha intensificado el uso de esta medida, derivado del incremento de ocho delitos y ocho categorías delictivas en el listado de delitos para los que la aplicación de la prisión preventiva es automática (prisión preventiva oficiosa). En estos siete años se incrementó 38.65 por ciento el número de personas que se presumen inocentes ante la Constitución, pero que en la práctica duermen en un centro penitenciario por estar en prisión preventiva, pasó de 75 mil a 103,991 personas. Es falso que la prisión preventiva promueva mayor seguridad ciudadana, porque el incremento en los costos de operación del sistema penitenciario (cada interno cuesta solo al erario, dejando de lado los costos humanos y económicos para las personas internas y sus familias, 400 pesos diarios), implican una reducción de recursos para la prevención social de las violencias, así como para mejorar la capacidad de investigación criminal. La mayoría de las personas en prisión preventiva serán condenadas a sanciones privativas de libertad de menos de tres años, por ser conductas no violentas, y por no acreditarse las agravantes de que se les acusó, obteniendo de inmediato o una conmutación de la sanción por multa o una prelibertad. Además, nueve por ciento son absueltos. Todos ellos después de haber pasado en promedio 14 meses en prisión preventiva, lo que la hace una medida injusta y que viola el principio internacional de excepcionalidad. En México, la prisión preventiva no es una medida cautelar, se usa como un instrumento mediático de castigo anticipado y no justificado. Una política criminal muy completa: política y criminal.