Abuso y Límites del Poder Penal en Estados democráticos de Derecho

Señoras y señores:

1. El libro que hoy se presenta tiene la virtud de abordar un tema de la mayor actualidad y de enorme preocupación para los habitantes de esta gran nación, por la forma en que se está ejerciendo el poder por parte de nuestros gobernantes. En efecto, México vive uno de sus momentos más cruciales en el campo de la justicia penal –pero también en otros campos-, producto del ejercicio abusivo del poder por quienes ahora lo detentan, tanto en el ámbito del poder ejecutivo como del legislativo, siendo una de sus más significativas manifestaciones el atropellamiento que se está cometiendo en contra del poder judicial federal y, con ello, en contra del principio de división de poderes y en contra del propio Estado de Derecho, porque esta forma de gobernar se ha traducido en el socavamiento de las instituciones democráticas, a pesar de las manifestaciones en contra de gran parte de la población.

Estas expresiones del ejercicio indebido del poder se vienen gestando desde que se planteó una nueva forma de gobernar, que si bien hizo creer que se alejaría de los vicios de gobiernos anteriores, en el sentido de que no utilizaría la violencia en contra de la violencia y que lograría la pacificación de la sociedad no a través de la persecución penal y de la represión, sino de los “abrazos y no balazos”, finalmente terminó aplicando una política anticrimen y una justicia penal llena de contradicciones y más represiva que la anterior, que no ha traído como consecuencia una mejor protección de los intereses de la sociedad frente al delito y sí, en cambio, un agravamiento del sistema de justicia penal.

2. Por ello, conscientes de esta situación, hace más de dos años, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la UNAM, organizaron de manera conjunta un Seminario sobre “Abuso y límites del poder penal en Estados democráticos de derecho”, para analizar este grave problema, destacar sus diversas manifestaciones y señalar los límites que debe observar el ejercicio del poder penal en Estados democráticos de derecho, como es el caso de México. A esa iniciativa se sumaron otras instituciones académicas, como: la Fundación “Cepolcrim-Hans Welzel”, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, la Universidad de Guanajuato, la Sociedad Mexicana de Criminología, la Academia Mexicana de Criminalística, la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas” y el Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, entre otras, que son instituciones que se han ocupado del desarrollo del sistema de justicia penal y el Estado de Derecho y han pugnado por la vigencia de una justicia penal al servicio de la persona humana y siempre se han pronunciado en contra del despotismo y las formas autoritarias de ejercer el poder penal.

3. El contenido de este libro que hoy se presenta reviste gran importancia, porque abarca los centrales temas que se abordaron en el citado Seminario Internacional sobre “Abuso y límites del poder penal en Estados democráticos de derecho” y que tuvieron como principal objetivo el análisis de este problema que actualmente se ha hecho común en el sentir de los mexicanos y que sin duda repercute en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados y en detrimento del propio sistema de justicia penal y del Estado de Derecho. Ciertamente, los temas se centran en la forma deficiente de funcionar del sistema penal, que ha sido incapaz de cumplir sus objetivos y, en cambio, ha propiciado impunidad y corrupción, entre otros efectos, que en gran medida tiene que ver con la forma anómala de ejercer el poder por parte de quienes toman las decisiones políticas en los diversos sectores y niveles del sistema de justicia penal, por los abusos que se cometen con él, propiciados por sus propios titulares, quienes frecuentemente se alejan de los principios fundamentales que dan sustento al Estado democrático de derecho.

Esa forma de ejercer el poder, que no es sino una “forma de gobernar”, se manifiesta en los distintos campos en que el Estado tiene injerencia –en el político, económico, cultural, educativo, de salud, fiscal, de seguridad y de justicia, entre otros. Es evidente que el libro no se ocupa de todo lo que implica el “ejercicio del poder”, sino sólo de una pequeña parte de ese poder, que es el poder de castigar, el “poder de hacer uso del derecho penal”, pero que a su vez tiene una gran trascendencia y una gran diversidad de expresiones en el ámbito del sistema penal y repercusiones muy importantes en los distintos sectores de la vida social, ya que en cualquiera de sus manifestaciones ese poder puede desbordarse en detrimento de libertades y demás derechos humanos, como en efecto está sucediendo.

El poder penal, poder de castigar, o ius puniendi estatal, se manifiesta desde el proceso de generación de las leyes penales hasta su aplicación concreta y ejecución de la sanción penal. Por ello, en todo ese largo trayecto, el poder puede ser utilizado –por el legislador, el juzgador o el ejecutivo- de manera correcta, observando los lineamientos constitucionales y de instrumentos internacionales, como lo exige el Estado de Derecho y que es lo deseable, o de manera incorrecta, facciosa o por razones políticas, excediéndose de sus límites, como instrumento de persecución política y, por ende, fuera de los cauces legales del Estado de Derecho, que son las vías propias de Estados autoritarios o totalitarios, y que es la forma detestable de ejercer el poder.

4. Por ello, el libro aborda los grandes problemas relacionados con el ejercicio del poder penal y los abusos que se cometen por quienes hacen uso de ese poder en los distintos ámbitos del sistema de justicia penal, que incluye el poder que ejercen los legisladores, los juzgadores y el ejecutivo, tanto en el ámbito federal como local, que actualmente impactan al sistema de justicia penal y al Estado de Derecho. En Estados democráticos de derecho el poder penal no es absoluto, su ejercicio tiene que someterse a ciertos límites, que están consagrados en la propia Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por México, así como en la propia naturaleza del Estado de derecho de corte democrático, que se expresan a través de ciertos principios fundamentales que tienen precisamente la función de establecerle límites al poder. Entre esos principios destacan: el principio de división de poderes; el principio de legalidad; el principio de legitimidad; el principio de igualdad ante la ley; el principio del debido proceso penal; el principio de presunción de inocencia; entre otros.

Por razón de lo anterior, si admitimos que el Estado Mexicano es un “Estado democrático de derecho”, como se deriva de la Constitución, sus gobernantes no deben actuar autoritaria o arbitrariamente, como si su poder fuese absoluto, sino que están obligados a someterse a los límites y controles previstos en la propia Constitución Política al ejercer el poder penal y tomar decisiones políticas en esta materia. Lo anterior es así, porque en Estados de Derecho el poder “no es absoluto” ni debe ejercerse de manera “arbitraria”, sino siempre sometido a los controles y límites que se derivan del reconocimiento y respeto de los derechos humanos; por ello, los que ejercen el poder penal deben observar los principios fundamentales citados, que –como se ha dicho- tienen la función de “limitar” la potestad punitiva del Estado y “garantizar” los derechos humanos.

5. Ahora bien, el abuso del poder penal se da en los tres poderes de la unión, en el ejercicio de sus respectivas competencias. En la función legislativa, las extralimitaciones del poder se manifiestan en la generación de leyes o reformas a las leyes penales, ya sea por la creación desmedida de tipos penales o por el incremento irracional de las penas; asimismo, por los diversos mecanismos que ha incluido en la legislación procesal penal, que desnaturalizan lo acusatorio del sistema procesal penal, así como por haber aumentado el catálogo de delitos que admiten la prisión preventiva oficiosa, entre otras manifestaciones. Pero también por lo que aprueban los legisladores sin siquiera conocer su contenido, sus fundamentos o alcances, como ha sido el caso de la reforma al poder judicial.

Por lo que hace a los excesos en el ejercicio de la función judicial, ello se manifiesta, por ejemplo, cuando se politiza la justicia, es decir, cuando las decisiones judiciales obedecen más a razones políticas (ya sea por presiones o por conveniencias políticas), o cuando el ejecutivo acusa a los jueces de actuar en contra de sus intereses políticos, con la inocultable obsesión de controlar al poder judicial, negando la independencia de los jueces; así como cuando se pretende llevar los problemas políticos a los tribunales, utilizando a éstos para imponer una línea política, esto es, cuando se utiliza a las instancias judiciales, o al sistema de justicia penal en su conjunto, para fines de persecución política, originándose una fuerte tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. Pero, el abuso del poder judicial también se puede dar cuando las resoluciones judiciales no se sustentan en las exigencias legales de carácter material, o simplemente se apartan de la ley y violan principios o garantías fundamentales del proceso penal previstos en la Constitución.

Pero, tal vez el ámbito en el que son más evidentes los actuales excesos del poder penal tiene que ver con el ejercicio de la función ejecutiva, por la actitud que han asumido los titulares del poder ejecutivo federal de la 4T, que han utilizado el sistema penal como instrumento de persecución política y de extorsión para amenazar –sobre todo- a funcionarios públicos del poder judicial por haber emitido ciertas resoluciones o para obligarlos a que lo hagan en determinado sentido; lo que implica intromisión y presión en las decisiones judiciales. Esta actitud también se asume por quienes están al frente de dependencias del gobierno que tienen la función de procurar justicia, de ejecutar las penas o de prevenir el delito, que igualmente terminan denigrando al poder judicial.

6. Como podrán observar del contenido del libro, entre los temas relacionados con el ejercicio del poder en el ámbito del sistema de justicia penal, destacan: fundamento y límites del poder de los gobernantes; el ejercicio del poder penal en diferentes tipos de Estado y modelos de justicia penal; los rasgos característicos del sistema de justicia penal de corte democrático, así como los límites que se deben observar en el ejercicio del poder penal, según la Constitución e instrumentos internacionales, por quienes realizan función legislativa, judicial y ejecutiva; la crisis del sistema de justicia penal por abusos del poder; el abuso del poder penal y la libertad de expresión e información; la responsabilidad de los altos funcionarios públicos por los abusos del poder penal en que incurren, y los mecanismos formales y no formales de control del abuso del poder penal, concretamente en sistemas penales de Estados democráticos de derecho y lo que sucede en el Estado mexicano y su sistema de justicia penal.

7. Todos estos temas revisten un gran interés tanto desde la perspectiva académica y teórica como desde la visión práctica. Por ello, el mayor interés de este libro es que las reflexiones aquí vertidas puedan llegar con la mayor fuerza a quienes tienen en sus manos las decisiones político-criminales en materia de justicia penal, esto es, no sólo en el ámbito judicial sino también y sobre todo en los ámbitos legislativo y ejecutivo, para que los detentadores del poder penal conozcan los alcances de su poder y lo ajusten a dichos principios fundamentales para mantenerse dentro de los límites propios del Estado democrático de Derecho. El abuso del poder penal o sus extralimitaciones tienen fundadas sus consecuencias jurídicas; pero, habrá que ahondar en ellas para que tales conductas no queden sin castigo. Habrá que fortalecer los mecanismos de control para que el abuso del poder penal no quede impune, así como desarrollar una amplia propuesta nacional para fortalecer el Estado democrático de derecho y las instituciones del sistema de justicia penal.

8. Se advirtió en el Seminario Internacional y se reitera aquí, que esta presentación del libro es un evento de carácter académico; por lo que, la expresión de las ideas no tiene que limitarse ni habrá que temer si éstas se expresan en contra de una forma de gobernar y de ejercer el poder, si ella definitivamente no se acomoda a las exigencias del Estado democrático de derecho, sino que prefiere abusar del poder y usar al sistema penal para neutralizar a los adversarios políticos o para deslegitimar instituciones propias del Estado de derecho. Por ello, por tratarse de un evento académico, lo más natural es que haya la crítica y la confrontación de las ideas, sobre todo con quienes pueden ser proclives o simpatizan con la forma de gobernar que abusa del poder penal. Lo que caracteriza a las academias, a las universidades y a quienes se ocupan de analizar con profundidad y buscar las mejores soluciones a los problemas que se dan en el ámbito de la justicia penal de nuestras realidades, es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.

9. Por ello, puede ser que no todos coincidan en que el Estado de Derecho mexicano se ve constantemente vulnerado, porque los principios fundamentales que le dan sustento no se respetan por quienes ejercen el poder, como es el caso del principio fundamental de división de poderes, que se ve reiteradamente en asedio; no solo hay intromisión o invasión en los otros poderes, sino que también hay “presión” sobre ellos para que se conduzcan como el intruso o usurpador quiere. Y lo propio sucede con el principio de legalidad, que a menudo es visto como un “estorbo” por quienes se resisten a someterse a la ley, incluso a la ley fundamental, como ha sucedido con la llamada “reforma judicial”, o con los hechos de estos últimos días, que han puesto en entredicho los principios y garantías del debido proceso penal. Para muchos todo ello no es sino expresiones del autoritarismo, por el abuso del poder penal y su expansión a límites totalmente inaceptables en la justicia penal mexicano.

Pero, bueno, con este libro, queremos abrir un foro de análisis y discusión constante sobre lo que queremos como nación y sus instituciones, como sistema de justicia penal y sus rasgos característicos, y sobre qué tipo de gobernantes es lo que conviene para el tipo de nación que deseamos.

Muchas gracias.