Criminalia Exprés, núm. 034

De apodos y fama pública en el ámbito judicial

May 08, 2025

Análisis

Alberto E. Nava GarcésCriminalia Exprés · Año I · Núm. 034 · Mayo de 2025 · 3 min de lectura

Aunque esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Electoral en la que se negó la petición para que candidatos (as) a cargos del poder judicial utilicen sobrenombres en la boleta el día de la elección, los apodos son una tradición arraigada en nuestra cultura. Los hay afectivos y despectivos; algunos se refieren a aspectos físicos y otros a cualidades o defectos de la persona; los hay muy ingeniosos y otros son sumamente vulgares. En los deportes abundan y no falta quien se especialice en poner apodos a todo mundo.

Lo curioso es que esta cultura del apodo se traslade a la elección judicial. Algunos candidatos a la judicatura solicitaron se les colocaran los que creen que son sus sobrenombres en la boleta electoral.

Parece broma, pero eso revela el nivel al que quieren llevar esto.

Como también resulta interesante que, a veces el sobrenombre que la persona escoge no sea el mismo con el que las demás personas lo conocen. Y eso me remite a aquella vieja anécdota de la Facultad de Derecho, en la que una eminencia del Derecho pretendía que su alumno revelara a su auditorio que era conocido como “El Kelsen mexicano” y no, el alumno lo conocía con otro apodo y pues aquello terminó en tragicomedia. El maestro fue sorprendido por el verdadero apodo que tenía; el alumno quedó sumamente avergonzado y el público no salía de la sorpresa y las ganas contenidas de reír.

Así le pudo pasar a muchos, como quien pedía ser llamada “la ministra del pueblo” y en redes le habían reservado otro nombre muy lejano de sus aspiraciones. Y, aunque le han negado la petición de asociar su nombre al apodo en la boleta electoral, lo cierto es que también esta negativa le dio visibilidad para su objetivo: lograr una leve ventaja al tener una campaña.

Así, también se pobló el Instituto Nacional Electoral de peticiones que solicitaban se incluyeran sobrenombres como:

“El Ángel de la Justicia”

“Marino” (tal vez por aquel sobresaliente Quarterback de Miami)

“El Defensor Popular” (por fin ¿juez o defensor?).

“Magistrado del Cambio” (mera campaña, de esas que pegan una y otra vez).

“El Magistrado del Pueblo”

“El Lagunero” (tan obvio que se puede uno imaginar la región a la que pertenece).

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“El Profe”

“Abogado del Pueblo”

“Juzgador de la Nación”

“El Juez del Pueblo”

Y no faltó el que abiertamente develara su orientación política: “El Juez de AMLO”, “El Juez de la 4T”, “El Juez del Pueblo” (No le pierde).

“Jueza de la Verdad”

En las redes sociales no faltó la respuesta ante tanta superficialidad y evidente ansia de obtener el cargo, por lo que no han faltaron sugerencias tales como:

1. El juez del barrio.

2. El prócer del derecho.

3. El protector del bienestar.

4. El alacrán de la justicia.

5. El terror de los fifis.

6. El bellako de los amparos.

Si Ángel Fernández viviera… no faltaría el juez “pata bendita” y tantos otros apodos que podríamos leer a la entrada de sus despachos “está usted entrando a la oficina del semidios de la justicia”. Todo ello evidenciaría la autopercepción del juzgador “hecho a mano, venido de la cultura del esfuerzo y elegido por el pueblo para ministrar justicia, la ley puede esperar”. Porque ellos serán la justicia personificada. ¡Por fin, Atienza encontrará al “juez Hércules” en carne y huesos!

Me pregunto ¿cómo iniciarán sus sesiones los cuerpos colegiados? Decir señor o señora magistrada parecerá obsoleto ante el ingenio de sus nuevas formas de hacer e interpretar la justicia. Decía mi abuela “Quien no tiene y llega a tener, loco se quiere volver”. Tenía tanta razón.

Pero tanto el instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral cerraron esa posibilidad. Algo de cordura no está nada mal en el umbral donde se elegirá un nuevo rostro (parcial) para la justicia en México.

¿Será esta solo una anécdota más del sinuoso camino en la ejecución de la reforma judicial? Sólo por curiosidad ¿usted se pondría un apodo en el ejercicio de sus funciones? Y, si así fuera ¿Cuál sería?

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura de la editorial.

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Alberto E. Nava Garcés

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Abogado especialista en derecho penal y amparo, y profesor por oposición de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM.

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